email enviado el
21/02/06
"Microsoft invierte en el pais", este es el slogan que se escucha en
algunos medios por estos dias, pero yo me pregunto: Será que le tienen
miedo al avance del Software Libre?
http://www.vialibre.org.ar/index.php/article/articleview/2/1/12/
http://www.vialibre.org.ar/index.php/article/archive/27/
O será que pretende hacer lo mismo que en Mexico, donde le salió el tiro por la culata?
Vean la nota:
Distrito Federal— Una abusiva estrategia de venta le salió cara a Bill
Gates en México y puso al descubierto la forma en que las grandes
compañías de computación estadunidenses, aprovechándose de la justicia
mexicana, intimidan a las empresas nacionales con el pretexto del
combate a la piratería.
Una historia de invención de delitos, falsificación de pruebas e
inducción de testigos terminó en una condena de 90 millones de dólares
en contra de Microsoft Corporation, Adobe Systems Incorporated,
Autodesk Incorporated y Symantec Corporation, empresas que dominan el
desarrollo, fabricación y venta de programas de computación en el mundo.
Desde las oficinas corporativas de esas empresas en Estados Unidos, no
de sus representaciones en México, hace más de siete años salió una
ofensiva judicial y mediática que, además, reveló cómo esas firmas
cuentan con un brazo operativo sin vínculos formales con ellas, pero
que se dedica a vigilar, investigar y denunciar en el mundo a las
empresas por la real o supuesta utilización y reproducción de sus
programas sin el pago de derechos.
Las firmas estadunidenses echaron a andar su maquinación el 13 de
noviembre de 1997, cuando su apoderado legal, Carlos Schmidt Ruiz del
Moral, interpuso ante la Procuraduría General de la República (PGR) una
denuncia por piratería en contra de los socios y empleados de la
empresa Consultores en Computación y Contabilidad (CCC), que entonces
era una de las principales empresas dedicadas a la distribución de
equipos de cómputo en el país por "telemarketing".
Se trataba de una empresa familiar establecida en 1990 por Víctor
Armando Rendón Alatorre, su esposa Melba Delfina Ojeda Solís y sus
hijos Víctor Armando y Pablo Ángel. Contra ellos, las corporaciones
pedían seis años de cárcel. Además, de ser cierta la acusación, les
impondrían penas por evasión fiscal.
A pesar de estar sustentada en pruebas y declaraciones falsas ante el
Ministerio Público, un juez federal dio la orden de cateo. Éste se
cumplió el 11 de agosto de 1998, con un operativo para el cual la PGR
convocó a la prensa. "Entraron y rompieron todo. Se metieron a las
máquinas. Se sorprendieron porque no encontraron nada. Buscaron
maquinaria para reproducir "software" y tampoco encontraron nada. Me
dijeron que se tenían que llevar a alguien: 'Afuera están los
reporteros'", cuenta Rendón Alatorre.
Instrumento de coerción
Ante la falta de evidencias, dice, las trasnacionales le "pidieron 10
mil dólares por el "software" pirateado o continuaban la acción penal.
Yo tenía miedo de enfrentarme a esas empresas, pero la acción legal se
mantuvo". Y siguió también la suma de irregularidades, como la de
presentar facturas falsas de la empresa con fechas posteriores a la
demanda, a pesar de haber sido ofrecidas como pruebas al momento de la
denuncia.
"Utilizaron documentos falsos fechados en julio de 1998, siete meses
después de la demanda. No fue un descuido, sino un plan, pues no fue
casualidad que el operativo haya coincidido con el lanzamiento en
México del programa Windows 98 de Microsoft. Querían hacer ruido entre
los distribuidores: 'Si le pegamos a CCC, le podemos pegar a
cualquiera'. En el fondo, lo que pretendían era aumentar sus ventas a
partir del terror", considera Romo.
Su abogado, Jorge Asali, avala esa consideración. Cuenta que en la
página de Internet de Microsoft en México, la empresa recomendaba como
herramienta de venta denunciar la piratería, porque ello causaba miedo
a los infractores y los obligaba a pagar altos costos. "Decía que esto
servía normalmente para subir las ventas de la empresa. Dimos fe de
este hecho ante un notario público. Se lo hicimos saber a la empresa y
de inmediato sacaron esta información de su página".
La intención de las empresas demandantes al utilizar facturas falsas
fue demostrar la supuesta piratería, ya que el "software" de las
computadoras que vendía CCC no estaba desglosado. Le dijeron al
Ministerio Público que la falta de desglose significa que se trataba de
programas piratas. "Era una mentira más, pues ninguno de los
distribuidores de ese equipo hace esa separación", señala Romo.
El recurso de las facturas falsas puso al descubierto que en México
operaba la Business Software Alliance (BSA), una organización
internacional de desarrolladores de programas de cómputo y comercio
electrónico que actúa en 65 países, de acuerdo con declaraciones
judiciales de su asesor externo Richard E. Neff.
En realidad, dice Asali, la BSA actúa como una policía virtual que no
tiene patrimonio ni domicilio, ni está constituida como sociedad.
Ante la inconsistencia de la acusación, la Fiscalía Especial de Delitos
de Propiedad Intelectual de la PGR no le quedó más que decretar, en
julio del 2000, el no ejercicio de la acción penal. Rendón continúa:
"Dos años después, la PGR me exoneró. Pero perdí a mis clientes, como
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Televisa. En ese tiempo mis
hijos, que eran estudiantes, fueron señalados por sus compañeros como
hijos de delincuentes. Mi esposa terminó con problemas de salud y, en
mi caso, durante el tiempo que acudí al Ministerio Público, siempre
tuve el miedo de que ya no regresaría a mi casa".
Contrademanda
Ya exonerado, Rendón decidió demandar en San Diego, California, a las
cuatro empresas por los daños causados, puesto que fueron las oficinas
centrales de esas empresas en Estados Unidos las que promovieron la
acción en su contra. La causa se abrió en el Tribunal Superior de Los
Ángeles en octubre de ese año.
Microsoft Corporation, Adobe Systems Incorporated, Autodesk
Incorporated y Symantec Corporation se opusieron a que la demanda se
radicara en Estados Unidos y señalaron que, por tratarse de una empresa
mexicana y de hechos ocurridos en territorio mexicano, debía
interponerse en México. En febrero de 2002, el juez estadunidense de la
causa, Robert L. Hess, obligó a los demandados a que se comprometieran
mediante un documento judicial a "pagar las sentencias definitivas
dictadas por los tribunales mexicanos". La empresa de Bill Gates y sus
codemandadas aceptaron.
Una primera condición del juez fue que las corporaciones evitaran
alegar la prescripción de los delitos cometidos, pero fue lo que
antepusieron cuando el caso llegó a los tribunales mexicanos. Debido a
la prescripción de los delitos, la acusación terminó en una demanda por
daño moral interpuesta en marzo de 2002.
Después de casi tres años de que el caso pasó por el Juzgado Primero de
lo Civil del Distrito Federal, la Octava Sala del Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal (TSJDF) y el Tercer Tribunal Colegiado
del Primer Circuito en el Distrito Federal, el 12 de diciembre de 2005
el juez Primero de lo Civil, Víctor Manuel Silveyra Gómez, sentenció a
las empresas a pagar 90 millones de dólares a CCC.
El fallo del juez se derivó de una sentencia firme e inmodificable de
la Octava Sala del TSJDF del 27 de octubre de 2004, en la que se
responsabilizó a las firmas estadunidenses de diversos ilícitos
cometidos en agravio de la empresa mexicana, por lo que deberán de
reparar, en forma solidaria, el daño moral causado a la empresa
familiar por el monto que debía establecer el juez.
Los magistrados de la Sala señalaron que el juez debía tomar en cuenta
que las firmas estadunidenses causaron un daño "grave" a CCC y que el
grado de responsabilidad de las demandas alcanzó "su máximo nivel".
Precisaron que Microsoft Corporation, Adobe Systems Incorporated,
Autodesk Incorporated y Symantec Corporation cometieron varios actos
ilícitos en su arremetida contra la empresa mexicana.
Los ilícitos consistieron en denunciar ante el Ministerio Público
Federal (MPF) a los dueños y empleados de CCC por piratería y solicitar
una orden de cateo que fue cumplida y televisada. Rendón, presidente de
CCC, las responsabiliza también de haber proseguido la demanda a pesar
de conocer de la inocencia de los acusados.
Otros cargos en contra de las empresas estadunidenses, identificados
por los magistrados de la Octava Sala, fue declarar falsamente ante el
MPF y presentar ante esa instancia como testigos de los hechos falsos a
personas cuyo testimonio había sido fabricado, comprado y aleccionado.
Las responsabilizan también de presentar ante el MPF documentos falsos
para incriminar a la empresa mexicana y de requerir documentos e
información a CCC para acreditar su inocencia, a sabiendas de que esas
peticiones eran imposibles de cumplir. Las empresas están obligadas a
comprar espacio en Televisa y en Televisión Azteca para dar a conocer
la sentencia.
De acuerdo con los abogados de CCC, Jorge y Luis Asali y Pablo Ojeda,
el pago al que fueron condenadas las empresas estadunidenses representa
apenas el 0.16 por ciento de su capital contable, el cual de acuerdo
con las propias cifras de las firmas alcanza conjuntamente los 55 mil
millones de dólares.
El costo que ha tenido para las empresas su arriesgada estrategia de
venta se ha incrementado también, por lo que han tenido que desembolsar
para pagar a los despachos contratados, que a pesar de su influencia no
las han podido sacar del atolladero en que se metieron. Han puesto su
caso en manos de los bufetes jurídicos de Salvador Rocha, de los
abogados Hernández Romo y del ex procurador capitalino José Antonio
González Fernández. Además, tuvieron que contratar a Eduardo Luengo
Creel para ex carcelar al apoderado legal de Microsoft, Agustín Medina
Ruiz, por declaración falsa ante el juez en el juicio civil.
Recientemente, contrataron a Alberto Sepúlveda, del despacho White and
Case.
La millonaria sanción, sin precedentes para empresas estadunidenses
establecidas México, no ha sido conocida hasta ahora por los
accionistas de dos de las empresas sancionadas, Microsoft y Symantec.
Como empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, están
obligadas a reportar a la Comisión de Valores (Securities Exchange
Comission) contingencias legales como esta.
Con todo, en su reporte de diciembre pasado omitieron esa información,
por lo que sus inversionistas desconocen la condena y su "modus
operandi" en México, dice Asali.
En abril próximo habrá una audiencia en el Tribunal Superior de Los
Ángeles, en la que se le informará al juez de la sentencia en firme de
la reparación del daño que están obligadas a pagar las empresas.
